Lima, set. 28 (ANDINA).- El Estado cuidará que la futura entrega de reparaciones individuales a quienes sufrieron por la violencia desatada por el terrorismo contra el país, no vaya a beneficiar a personas equivocadas, sostuvo el Secretario Ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), Jesús Aliaga.

Por ello destacó la importancia de hacer un filtro efectivo de las víctimas de esa violencia, en las décadas de los ochenta y noventa, porque el hecho de reparar a personas equivocadas, deslegitimaría un proceso que cuesta bastante trabajo y presupuesto al Estado.

Consideró necesario por ello discutir públicamente el protocolo de exclusiones utilizado por el Consejo de Reparaciones a las víctimas de la violencia, para evitar cualquier posibilidad de una eventual inclusión de personas vinculadas al terrorismo.

"El tema es evaluar la idoneidad de este protocolo de exclusiones y encontrar mecanismos que tengan un sustento legal que nos permita determinar si una persona fue terrorista", declaró a la agencia Andina.

Si bien el Estado aún no otorga reparaciones individuales, dijo que ese protocolo debería debatirse públicamente y encontrar fórmulas, sin lesionar el estado de derecho, que permitan corroborar si una persona fue víctima o victimario de grupos terroristas.

El funcionario explicó que el Estado, a través del CMAN, hasta el momento solo ha brindado reparaciones colectivas, dirigidas específicamente a comunidades nativas o campesinas que sufrieron altos índices de afectación durante los años de violencia.

Agregó que esas reparaciones se otorgan previo estudio técnico, especialmente cuando se trata de infraestructura.

"En el caso de las reparaciones individuales, aún no se otorgan porque  previamente se están inscribiendo a las víctimas a través del Consejo de Reparaciones, cuyo encargo exclusivo es darle nombre y apellido a todas aquellas personas afectadas durante los años de violencia", dijo.

Aclaró que las reparaciones individuales en principio no serán necesariamente económicas porque existen programas en salud, educación, restitución de derechos ciudadanos, reparaciones simbólicas, y promoción al acceso habitacional.

Incluso, mencionó que el marco legal establece claramente que las reparaciones económicas están sujetas a la capacidad presupuestal que tiene el Estado.

Aliaga señaló que el padrón tiene carácter de abierto en forma permanente, pero cuando el Consejo de Reparaciones, a cargo de Sofía Macher, considere que el universo esté casi completo, recién allí se hará un cálculo responsable para ver cuánto se le podrá dar a cada uno.

"El protocolo  de exclusiones está a cargo  del Consejo de Reparaciones y como todo instrumento público está abierto al análisis y la crítica de la opinión pública, para ver si puede mejorarse", comentó.

Sostuvo que el perfil de la víctima es el campesino, hablante de su lengua nativa, pobre, analfabeto, y que viva en zona rural. Y de acuerdo a las proyecciones del Consejo, adelantó que hasta finales de 2008 sumarían 45 mil inscritos, entre víctimas y deudos.

"Nadie sabe mejor quién fue víctima y quién fue victimario, que los propios comuneros donde se realizaron los hechos de violencia", puntualizó.