Trentiun comunidades afectadas por la violencia de entre los años 1980 - 2000,  incorporadas por el Gobierno como beneficiarias del Programa de Reparaciones Colectivas, lograron la autorización de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM de financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en sus comunidades, en compensación por los daños sufridos. 

A través de las Resoluciones Ministeriales 317-2008-PCM  y 318-2008-PCM, la PCM autorizó la transferencia de S/3.077 millones en favor de 31 comunidades cuyas poblaciones fueron afectadas por la violencia durante los años del terrorismo. 

Diez comunidades del departamento de Junín, ocho de Ayacucho, cinco de Apurímac, cuatro de Huancavelica, dos de Pasco, una de San Martín y una de Huánuco, serán favorecidas con estas transferencias que permitirán ejecutar proyectos elegidos por los propios beneficiarios, contratando la mano de obra en la propia comunidad.

Putis

Una de las comunidades favorecidas es Putis, ubicada en el distrito de Santillana, provincia de Huanta, Ayacucho, donde recientemente se exhumaron restos de más de 100 personas ejecutadas extrajudicialmente, en diciembre de 1984. En dicha comunidad el Programa de Reparaciones Colectivas ejecutará el proyecto "Instalación de piscigranja de truchas en estanques en la comunidad de Putis". 

Cabe recordar que el Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha incorporado entre el 2007 y el 2008 a 903 comunidades campesinas y nativas como beneficiarias del Programa de Reparaciones Colectivas.

El órgano encargado del proceso de reparaciones a las víctimas de la violencia es la Comisión Multisectorial de Alto Nivel presidida por el Premier Jorge Del Castillo, en representación del Presidente Alan García.

Las reparaciones colectivas son implementadas en cumplimiento de la Ley Nº 28592, Ley del Plan Integral de Reparaciones, y en el marco de las recomendaciones formuladas al Estado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.